En un nuevo paso hacia la adopción de normativas inspiradas en el sistema político estadounidense, el presidente Javier Milei confirmó que su gestión trabaja en el diseño de un "shutdown" del Poder Ejecutivo. Bajo la premisa de que "si no hay plata, no se gasta", el líder libertario pretende establecer un límite físico al funcionamiento estatal.
Milei defendió la reforma de la carta orgánica del BCRA y dijo que "será un gran paso para terminar con la inflación"Una vez agotado el presupuesto asignado a una dependencia, esta deberá cesar sus actividades operativas de inmediato. "Cuando te agotás el presupuesto, se apaga el Estado", remarcó el mandatario al vincular esta iniciativa con su objetivo de prohibir por ley el financiamiento monetario del Tesoro.
El Gobierno nacional avanza con un proyecto de “cierre” del Estado, como en Estados UnidosUn mecanismo disparado por el gasto y no por la política
A diferencia del modelo original de los Estados Unidos, donde el "shutdown" se produce cuando el Congreso no logra acordar una ley de presupuesto, la versión que proyecta la Casa Rosada tendría un disparador técnico como es el agotamiento efectivo del crédito presupuestario.
Mientras que en el país del norte el cierre es una consecuencia del bloqueo legislativo, en la Argentina de Milei funcionaría como un "freno de mano" automático para evitar cualquier exceso en las partidas asignadas.
Este esquema se analiza en sintonía con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El objetivo es crear un sistema donde la restricción sea digital y sistémica: que los sistemas de administración financiera bloqueen cualquier intento de compromiso de gasto si el saldo llega a cero.
Sin embargo, esto plantea un desafío de diseño administrativo sin precedentes en el país, ya que obligaría a definir si el corte se aplica de forma general por ministerio o de manera específica por cada programa o partida.
El dilema de lo "esencial" y el riesgo de una parálisis judicial
Uno de los mayores puntos de conflicto para el "shutdown argentino" reside en determinar qué áreas son "esenciales" y cuáles podrían "apagarse". Según el espejo de la experiencia estadounidense, las actividades no esenciales -como obra pública, campañas oficiales, eventos y contrataciones administrativas- son las primeras en suspenderse.
No obstante, en el escenario local, el Gobierno deberá ser extremadamente preciso para evitar que el ajuste afecte servicios críticos como salud, seguridad, justicia o el pago de jubilaciones, cuya interrupción generaría un caos social y legal inmediato.
La relación con las provincias es otro frente de tormenta. Gran parte de los fondos que reciben los gobernadores dependen de partidas nacionales que, de agotarse, podrían quedar congeladas. Este escenario no solo abriría una nueva guerra política con los mandatarios provinciales, sino que también saturaría los tribunales de amparos y demandas contra el Estado. Para evitar que la medida sea frenada por la Justicia apenas entre en vigencia, el equipo jurídico de Milei busca blindar legalmente el marco que permita suspender programas sin incurrir en incumplimiento de deberes de funcionario público.
El espejo de Estados Unidos: el antecedente de 2025
El concepto de "shutdown" ganó notoriedad global tras la experiencia en Estados Unidos durante el año fiscal 2025, bajo la gestión de Donald Trump. En aquel entonces, un cierre administrativo de 43 días paralizó gran parte del Gobierno federal.
El impacto fue masivo: cerca de 900.000 empleados fueron licenciados sin goce de sueldo (furlough), mientras que otros 700.000, considerados esenciales -como militares y controladores aéreos-, debieron trabajar con sus salarios diferidos hasta la resolución del conflicto.
Durante ese periodo, el cierre afectó servicios visibles como parques nacionales, museos, inspecciones de alimentos y créditos para viviendas. Sin embargo, áreas clave como el FBI, la DEA y el correo postal mantuvieron su operatividad.